Ciudad Juárez, Chih., 30 de septiembre de 2025.– La construcción de la unidad administrativa en el suroriente de la ciudad volvió a quedar en pausa, no por falta de voluntad política, sino por el lastre financiero que dejaron administraciones anteriores. Aunque la gestión de Cruz Pérez Cuéllar ha reiterado que no mantiene deuda propia, hoy enfrenta la obligación de pagar compromisos millonarios heredados que frenan proyectos estratégicos para la población.
Este año, recursos cercanos a 500 millones de pesos se destinaron al pago de adeudos acumulados en trienios pasados. Entre ellos sobresale el Plan de Movilidad Urbana de Héctor “Teto” Murguía, considerado uno de los proyectos más costosos y cuestionados por su impacto financiero. A ello se suman impuestos no pagados en gestiones previas y cargas relacionadas con el Cerecito, que en conjunto absorbieron fondos que pudieron destinarse a infraestructura para la ciudad.
La suspensión de la unidad administrativa no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo los compromisos financieros heredados afectan directamente la capacidad de respuesta del actual gobierno municipal. Mientras la administración de Pérez Cuéllar presume finanzas sanas y sin generación de deuda nueva, se ve obligada a asumir la “factura política” de los excesos y omisiones de quienes lo antecedieron.
El proyecto suspendido representaba un avance significativo para una de las zonas más pobladas y con mayores carencias de servicios públicos en Ciudad Juárez. La falta de esta unidad administrativa significa que miles de familias del suroriente deberán seguir trasladándose a largas distancias para realizar trámites, evidenciando cómo los errores financieros del pasado se convierten en obstáculos cotidianos para la ciudadanía.
Aunque el proyecto no está descartado definitivamente, su futuro depende del presupuesto de egresos del próximo año. La reactivación quedará supeditada a que la ciudad logre margen financiero tras cumplir con las obligaciones impuestas por otras gestiones.
La nueva suspensión no solo retrasa una obra clave, sino que reabre el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales en el manejo de recursos. Mientras la actual administración asume un papel de “pagador de cuentas ajenas”, la ciudadanía sigue esperando resultados tangibles en infraestructura que resuelva necesidades inmediatas.
